Por: César Useche | opanoticias.com & 180gradosprensa.com | España
Integrantes de colectivos sociales de Asturias de visita al Pozo de Funeres en la Sierra de Peña Mayor, Laviada.
Hace poco más de 82 años, cuando en España gobernaba el dictador de derechas ultracatólico Francisco Franco (periodo 1939-1975), miles de personas fueron capturadas, asesinadas, torturadas o desaparecidas durante en la llamada Guerra Civil.
Visité hace poco la Sierra de Peña Mayor en la provincia autonómica de Asturias para conocer el sitio de la Fosa de Funeres en el área rural del Concejo de Laviana. En este lugar, falangistas e integrantes de la Guardia Civil de ese entonces al servicio de Franco, masacraron entre 22 y 9 personas, sospechosas de pertenecer a las guerrillas antifranquistas y antifascistas, entre marzo y abril de 1948. No es la única fosa común en España.
Los capturados fueron arrojados vivos a este hueco natural de poco más de 30 metros de profundidad. Luego, vaciaron gasolina y pólvora para asegurarse que todos murieran, según el relato histórico.
Setenta y tres años años después, no todos los cuerpos de las 22 o 9 personas asesinadas han sido exhumados y la justicia nunca investigó ni condenó a nadie. Algunos visitantes que llegan a este lugar año tras año, rinden tributo a la memoria de quienes con sus vidas contribuyeron a la derrota del fascismo y al restablecimiento de la democracia, aun con monarca abordo.
Algunos historiadores calculan que entre 1939 y 1975 la represión franquista pudo haber matado entre 40 mil y 50 mil personas, detenidas y ‘sentenciadas’ en ejecuciones sumarias, en los llamados “paseos”, un conocido eufemismo que servía para esconder un macabro procedimiento de crimen masivo empleado en esos años con el fin de exterminar todo rastro de disidencia republicana.
La Guerra Civil convirtió España en un inmenso cementerio lleno de fosas comunes, una macabra cosecha de muertos y desaparecidos sobre la que, primero el régimen franquista y después la democracia de 1978 echaron tierra encima tratando de enterrar la verdad sobre los horrendos crímenes y genocidios que se cometieron en España.
En el mismo 1948, mientras el franquismo perseguía y asesinaba republicanos, en Colombia gobernaba el Partido Conservador con Mariano Ospina Pérez en la presidencia, y con Laureano Gómez Castro atizando la guerra -como lo hace hoy Uribe-, como senador, desde el Congreso, y como opinador desde el diario El Siglo y la emisora La Voz de Colombia de aquel entonces.
Laureano Gómez era un declarado admirador de la monarquía española y del dictador Francisco Franco y se hizo militante de la Falange, un partido político español de ideología fascista fundado en octubre de 1933 por José Antonio Primo de Rivera, primogénito del fallecido dictador Miguel Primo de Rivera. Y Gómez ansiaba para Colombia la constitución fascista que Franco impuso en España.
Para Laureano Gómez, la Guerra Civil Española fue siempre un ejemplo contundente sobre lo que podría suceder en Colombia, si el liberalismo de entonces seguía adelante con las reformas sociales y políticas. Así que desataron una guerra civil, la que conocemos los colombianos como la Violencia, con mayúscula, guerra que incrementó con el asesinato del liberal Jorge Eliécer Gaitán, en abril de 1948, por las mismas calendas de la masacre de Funeres en Asturias.
En Colombia, el llamado periodo de la violencia, provocó un total de 356.369 hechos de violencia entre 1958 y 2020, dejando un saldo de 265.505 víctimas fatales, según las cifras oficiales del Observatorio de Memoria y Conflicto, creado en virtud de los acuerdos de paz de 2016 entre el Estado de Colombia y la extinta guerrilla de las FARC-EP.
La oligarquía colombiana, de la mano de Laureano Gómez y Alberto Lleras Camargo, ‘conjuraron’ ese periodo de violencia política y social con el pacto de Benidorm y Sitges (1956 y 1957, mediterráneo español), para dar origen, con absoluta impunidad hasta nuestros días, al Frente Nacional, ese esperpento que ‘legalizaron’ con el plebiscito espurio de 1957, para repartirse equitativamente el poder y el erario entre las élites liberal y conservadora por 16 años consecutivos, pero que en la práctica se extendió hasta la constitución de 1991. Tal es el origen de esa ideología clerical, contrainsurgente y anticomunista que anima desde entonces a la más sanguinaria de las élites de Latinoamérica. La manguala acordada por Lleras y Gómez en Benidorm y Sitges, estuvo siempre tutelada por la dictadura de Franco en España y los Estados Unidos, hermanadas por la Guerra Fría.
Jamás, que recuerde, los partidos Liberal y Conservador, han reconocido su responsabilidad por la violencia sectaria, irracional y fratricida que han desatado contra el pueblo durante más de 200 años. Y menos pedir el perdón por los abominables crímenes cometidos.
Colombia, reconoce oficialmente que entre 1970 y 2020 han habido más de 60 mil personas detenidas desaparecidas. Los casos más escabrosos, corresponden a los dos periodos presidenciales de Álvaro Uribe Vélez, y se conocen popularmente como ‘falsos positivos’ o macro caso 03 de la Justicia especial para la Paz, JEP.
La JEP ha documentado judicialmente 6.402 casos de ejecuciones ilegales cometidas por la Fuerzas Armadas de Colombia. 6.402 asesinatos de personas inocentes, incluso personas con discapacidades físicas.
No obstante, organizaciones de derechos humanos estiman que son más de 10 mil los colombianos que fueron detenidos ilegalmente o mediante engaños, y posteriormente asesinados para presentar sus cadáveres como bajas en combate, y hacerse así a premios en las filas de la Fuerza Pública.
Visitar el Pozo de Funeres, escuchar su historia, conocer sobrevivientes de tan nefastos años para España, escuchar el sonido de las gaitas asturianas en ese paraje de la geografía cantábrica, fue para mi sobrecogedor. E inevitable rememorar Colombia. Los símiles son muchos: “...existen suficientes datos objetivos que confirman la interrelación entre la dictadura franquista y los gobiernos colombianos de la época.”. Incluso hoy por hoy.
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