Por: César Useche | Para Opanoticias.com | 31-01-2021
Seco. Bien seco. Tan seco que no se ve. No existe. Trece años después que a mansalva y amangualados, bajo el embrujo de El Matarife, impusieran el leonino Proyecto de Hidroeléctrico de El Quimbo (PHEQ), no se ha sembrado un solo árbol para compensar en algo el daño ambiental y ecológico causado con la destrucción de importantes áreas del bosque seco tropical, uno de los ecosistemas más amenazados por el calentamiento global, puesto que están siendo empujado a la desertización.
Digo ni uno solo, porque de las más de catorce mil hectáreas (14.000) de bosque que es obligación restituir por parte de la corporación italiana ENEL (propietaria de Engesa) dueña del PHEQ, tan sólo un poco más de cien hectáreas han sido sembradas. Eso equivale, respetados lectores, a menos del uno por ciento. Es decir, casi nada. Y las autoridades ambientales, calladas. Por otra parte, Quienes en su momento vendieron el proyecto a la opinión pública regional como una gran panacea, entre ellos Rodrigo Villalba Mosquera, Carlos R. Chávarro, Ariel Rincón Machado, pienso, tienen la responsabilidad política, ética y moral de exigir el cabal cumplimiento de las obligaciones a Enel-Engesa. Les pregunto, ¿dónde están los grandes beneficios prometidos?
A qué viene esta queja. El 20 de diciembre pasado, publica El Espectador la ‘Entrevista a Lucio Rubio Díaz, director general de Enel en Colombia’ (destacar que el diario deja claro que es un un publireportaje patrocinado por ENEL), con una fotografía del dandi italiano, muy sonriente, hablando cháchara sobre el patrocinio de la sección de un noticiero de TV y dizque de innovación y transición energética. Champú verde, que llaman. Dice el buen muchacho Rubio Díaz que se siente orgulloso del aporte de la empresa al medio ambiente, “como la restauración del bosque seco tropical en El Quimbo”. La entrevista es muy breve. Pero la mentira que contiene es muy grande.
Afirmo que miente, porque el extenso ‘Informe de auditoria de cumplimiento de las obligaciones ambientales establecidas por la autoridad ambiental (Anla) al Proyecto Hidroeléctrico de El Quimbo’ (fechado el 18 de diciembre de 2020, 241 páginas) de la Contraloría General de la República (CGR), me permite afirmarlo de esa manera. Es impresionante, cómo pese a los noventa (90) actos actos administrativos y a las mil ciento cuarenta y dos (1.142) obligaciones “impuestas” por la autoridad ambiental (la Anla) a Engesa (hoy Enel) en su calidad de “titular, constructor y operador” de la hidroeléctrica, no exista ningún poder en este país que las haga cumplir. Palabras en el papel. Por el contrario, resalta el informe la “ausencia de voluntad política de los responsables a nivel nacional, regional y local” (pág. 11), para hacer realidad las obligaciones de la corporación italiana y también de la CAM. Las varias acciones judiciales interpuestas por algunos afectados, Asoquimbo y el Centro de Estudios para la Justicia Social, han tenido toda suerte de obstáculos, dilaciones y apelaciones.
La auditoria de la CGR, califica el trabajo de control interno del PHEQ como “ineficiente”, con una calificación de dos punto cuatro sobre cinco (2.4/5). Y en general el concepto emitido por la Contraloría es “Incumplimiento material adverso” en todos los aspectos.
En síntesis, la CGR relaciona y detalla en el informe en comento, dieciocho (18) hallazgos administrativos con presunta incidencia disciplinaria y cuatro (4) con presunta incidencia penal. Y entre los de orden penal, es decir, criminal, está precisamente la no restauración del bosque seco tropical, de lo que mentirosamente se jacta el señor Rubio Díaz en su publireportaje. Se ríe de nosotros, de los huilenses, de los colombianos. Lo que está cometiendo ENEL es un delito ambiental grave. Cito en extenso:
“Pérdida neta de diversidad biológica, asociada al menoscabo del capital natural de la región y representada en la no adopción de medidas de compensación ambiental (...)
“Pérdida de servicios ecosistémicos de regulación de la calidad del aire, regulación de la erosión y regulación del clima por la pérdida del nicho ecológico de coberturas vegetales tales como: Bosque multiestrata, bosque rípario, bosque secundario, pastos arbolados y rastrojo alto, sin que exista una medida de compensación equivalente a la afectación causada.
“Lo anterior, ocasiona costos ambientales e impactos que en magnitud son significativos, debido a las afectaciones de los bienes y servicios ecosistémicos a escala regional, dada la fragilidad del bosque seco tropical, el cual corresponde a la zona de vida de influencia directa e indirecta del proyecto, afectado en gran medida por procesos severos de erosión, propios de la zona y agudizados por actividades antrópicas como el presente proyecto de inversión.
“La presente observación tiene una presunta connotación penal y presunta incidencia disciplinaria contemplada en la Ley 734 de 2002.” (pág. 72)
Se escuda la Anla y de paso ENEL alegando la existencia de un ‘Plan de restauración del bosque seco tropical’. Es cierto, existe en el papel. ¡Un plan a 20 años! Destruyeron más de ocho mil hectáreas para construir el embalse en unos pocos años, y ahora no tienen ningún afán de restituir el daño que causaron. Si toma tiempo, claro, pero no demuestran ningún interés en el cumplimiento de esta obligación, lo cual beneficia económicamente a ENEL y perjudica a todos los huileneses. Y el Anla, la CAM y demás autoridades se hacen los de la vista gorda. ¡Cómplices!, por omisión es lo que son de un grave delito ambiental en ciernes.
Desde esta modesta tribuna, pido al gobernador Luis Enrique Dussán López que confirme con hechos que se opuso al PHEQ, y que defiende los interés del Departamento. Que presione, que exija, que deje de lado el cálculo político de posibles futuras aspiraciones. Igual a la CAM.
Adenda. Los vecinos de Ipanema, al oriente de Neiva, vienen denunciando sin encontrar eco alguno en la administración del señor Gorky Muñoz, la eminente tala de diez árboles y la poda de otros cinco para la construcción de la cubierta de un polideportivo. La CAM dice que eso no afecta el medioambiente. Sigamos así, señores de la CAM, justificándolo todo. Dicen que a cambio sembrarán cien árboles. Los que piensan destruir tienen 15 y más años, los sembró la comunidad.
¿Cuánto CO2 absorben estos árboles?, no se puede comparar con lo que hacen cien hipotéticas plántulas? ¿Quedó grande para los ingenieros y contratistas interesados en los trecientos cincuenta y siete (357) millones de pesos que cuesta la cubierta del polideportivo, diseñar una solución arquitectónica que no implique la tala?
Alcalde, la comunidad merece una respuesta y respeto, ¡carajo!
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