Ante la Fiscalía General de la Nación, el senador Iván Cepeda Castro y el ex fiscal Eduardo Montealegre Lynnet anunciaron hoy que presentarán denuncia penal contra el fiscal Gabriel Ramón Jaimes, por haber incurrido -presuntamente- en prevaricato por acción y omisión al pedir la preclusión del caso de Álvaro Uribe Vélez por manipulación de testigos.
Según Cepeda y Montealegre, Uribe Vélez habría incurrido en:
“favorecer los intereses del procesado, al punto que, apartándose de su deber legal y constitucional, ha fungido de facto, como abogado defensor de Álvaro Uribe;
“las posiciones de la Fiscalía, son un espejo de las argumentaciones del imputado y su defensa;
“ha pretendido invalidar, de facto, lo actuado por la Sala Especial de Instrucción de la Corte Suprema de Justicia, al repetir la práctica de pruebas; retrotrayendo el proceso, a fases superadas por ese Alto Tribunal; beneficiando con estas irregularidades a la parte imputada del proceso, el exsenador Álvaro Uribe.
En su página web, el senador Cepeda castro publicó:
5 de marzo de 2022
En esta mañana queremos ratificar nuestro compromiso con la justicia, reafirmar la defensa de las víctimas y que continuaremos, con dignidad, nuestra lucha genuina contra la impunidad. La de Álvaro Uribe es la triste historia de un personaje que termina su historia política entre falsedades: falsos positivos, testigos falsos, falsa preclusión. A él le digo hoy: triste historia la suya, al final de su vida pública ha intentado torcer y mancillar por todos los medios la justicia. Pero eso ha sido inútil: el país sabe de su culpabilidad, la juventud de este país conoce su verdadero rostro. Para usted no habrá luz al final del túnel.
Anuncio que en compañía del exfiscal Eduardo Montealegre Lynnet y de mis abogados, presentaremos denuncia penal ante la Fiscalía General de la Nación contra el fiscal Gabriel Ramón Jaimes, por haber incurrido -presuntamente- en prevaricato por acción y omisión. Algunas de las conductas contrarias al ordenamiento jurídico del fiscal Jaimes, son las siguientes: i) favorecer los intereses del procesado, al punto que, apartándose de su deber legal y constitucional, ha fungido de facto, como abogado defensor de Álvaro Uribe; ii) las posiciones de la Fiscalía, son un espejo de las argumentaciones del imputado y su defensa; iii) ha pretendido invalidar, de facto, lo actuado por la Sala Especial de Instrucción de la Corte Suprema de Justicia, al repetir la práctica de pruebas; retrotrayendo el proceso, a fases superadas por ese Alto Tribunal; beneficiando con estas irregularidades a la parte imputada del proceso, el exsenador Álvaro Uribe.
Una decisión de solicitar preclusión en el presente caso equivale a un cínico desconocimiento de la realidad procesal, en la que figura, entre otros muchos elementos, la circunstancias de que el representante Álvaro Hernán Prada, y el abogado de reconocidos narcotraficantes, Diego Cadena, están el uno ad portas de un juicio y el otro siendo enjuiciado. Mientras estos presuntos cómplices de quien figura como el presunto determinador de graves delitos, estan siendo llamados a responder ante la justicia, al autor principal se le busca premiar con un intento de preclusión.
Durante estos meses, trascurridos después de la medida de aseguramiento que la Corte Suprema de Justicia, la sociedad colombiana ha presenciado el ataque sucio del procesado Álvaro Uribe Vélez contra los magistrados de la Corte Suprema, el uso de toda clase de medios para atacar a las víctimas, a mi familia y presionar de todas las formas posibles al testigo principal en el caso.
Durante la última década, Álvaro Uribe Vélez ha presentado a la justicia, por lo menos, 24 falsos testigos en mi contra, de los cuales dos se han retractado y uno de ellos (el señor Carlos Enrique Areiza) fue asesinado luego de su retractación; contra 10 de ellos se han compulsado copias (en el auto inhibitorio de la Corte Suprema del 16 de febrero de 2016 y la resolución de situación jurídica de Uribe del 3 de agosto de 2020); otros como el señor Francisco Taborda, han sido utilizados en otros procesos y han sido condenados por falso testimonio, son como hemos dicho falsos testigos reciclados. En esta fabricación industrial de falsos testigos y testimonios, hay un interés común de procurar beneficio jurídico para Uribe desacreditando a declarantes en actuaciones procesales seguidas en su contra o de su familia; esa práctica se ha intensificado en el momento de decisiones judiciales, como la resolución inhibitoria, o el actual momento en el que se decide si se le llama a juicio; varias cartas fueron realizadas por personas ajenas a quien imponía su huella y firma; la intervención de terceros y, particularmente, abogados, que formalmente no representan a Uribe, para que actuaran a su nombre en la búsqueda de testigos y quienes usualmente tomaron poder de los potenciales testigos para asistirlos judicialmente; en las cartas, además, se aprecian estructuras semánticas y de contenido muy similares, entre diferentes testigos.
Nada de esto ha sido investigado por la Fiscalía, y por el contrario el fiscal Jaimes está llevando y utilizando testigos falsos, como Hilda Niño y el Tuso Sierra (quienes han sido traidos al proceso para mentir también en contra de los doctores Eduardo Montealegre y Jorge Perdomo); empleando, para el efecto, el mismo modus operandi de Uribe en sus defensas.
Este uso sistemático de falsos testigos, hace parte de lo que la Corte Suprema de Justicia definió como 13 patrones que son utilizados en el modus operandi de Uribe y sus cómplices para la presunta comisión de un soborno sistemático y lograr el fraude procesal.
En estos meses, hemos podido asistir a un espectáculo en el que Uribe haciendo uso de su poder, ha empleado toda clase de medios ilegales para ensañar su odio vengativo contra los magistrados de la Corte Suprema de Justicia, ordenando la abierta injerencia del presidente Iván Duque para descalificar sus decisiones y pedir una supuesta reforma de la justicia que en realidad es un golpe contra la misma, empleando a sus copartidarios en el Congreso para intentar judicializar a los magistrados, y utilizando un gigantesco aparato propagandístico para ensuciar su nombre y manchar su hoja de vida. Solo este hecho bastaría para llevarlo a juicio por intentar un fraude procesal.
En la mañana de hoy asistimos al espectáculo más vergonzoso que se haya presentado en la historia de la Fiscalía General de la Nación: la claudicación de la investigación penal ante un poder descompuesto y sin escrúpulos. Nuestra dignidad y fuerza moral es superior a esta infamia. Con la templanza de nuestras convicciones derrotaremos la mentira y la injusticia.
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